El gobierno español presentó este martes un proyecto de ley contra las agresiones sexuales que introduce la necesidad de que haya consentimiento explícito para un acto sexual, luego del caso de “La Manada”, un abuso grupal a una joven que conmocionó a España.
“Hasta ahora las mujeres se encontraban con una cadena de obstáculos: tenían que probar que había sometimiento, que había violencia o intimidaciones para hablar de agresión sexual”, afirmó la ministra de Igualdad, Irene Montero, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. “Ahora no vamos a tener que demostrar el sometimiento, sino que el centro de toda la acción legislativa es el consentimiento”, dijo Montero, del partido de izquierda radical Podemos, que gobierna en coalición con los socialistas del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La Ley de Libertad Sexual entiende que no existe consentimiento “cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos (...) su voluntad expresa de participar en el acto”, según el borrador, que debe ser debatido en el Parlamento en un proceso que puede tomar meses. Además de introducir como delitos sexuales el matrimonio forzado o la mutilación genital, la ley elimina “la diferencia entre el abuso y la agresión sexual”, explicó la ministra, una distinción que estuvo en el centro del caso de “La Manada”, que detonó una movilización feminista sin precedentes.
- “La ley del movimiento feminista” -
“Si no hay consentimiento, hay agresión”, subrayó Montero. “Es la ley del ‘solo sí es sí', es la ley del movimiento feminista que ha peleado de forma insistente e incansable en las calles”, apuntó. En una primera instancia en abril de 2018, los cinco integrantes de “La Manada”, como se hacían llamar los hombres que abusaron de una joven de entonces 18 años en julio de 2016 en Pamplona (norte), fueron condenados por abuso y no agresión sexual, a nueve años de cárcel. Los integrantes de “La Manada” hicieron que la joven les practicara felaciones y la penetraron sin preservativos en la entrada de un edificio, le robaron el teléfono móvil y la abandonaron semidesnuda. Luego compartieron las imágenes grabadas por WhatsApp jactándose de sus acciones. Pero los jueces, ante la aparente pasividad de la joven, no retuvieron la calificación de agresión sexual (violación) al no observar ni intimidación ni violencia, indispensables según el Código Penal. El fallo fue ratificado en apelación. Bajo el lema “Yo sí te creo”, multitud de mujeres, entre ellas muchas adolescentes, salieron a las calles en apoyo a la víctima. Fuera del país el caso generó nutridas movilizaciones feministas en Chile. En junio de 2019, el Tribunal Supremo español corrigió la sentencia y consideró que sí hubo violación, al constatar un “auténtico escenario intimidatorio” en el que ocurrieron los hechos y que la joven “en ningún momento” consintió los actos sexuales. Elevó a 15 años de cárcel las penas para los acusados.
- Protección integral de la víctima -
Según Montero, si la ley es aprobada, España volverá a ser “un referente internacional” en protección de derechos de las mujeres, situándose a la par “de los países más avanzados que reconocen en su legislación que la clave para saber si hay violación es el consentimiento”, como Reino Unido o Suecia. El nuevo proyecto pone el foco también en la prevención y la atención a la víctima, incluyendo la creación de centros de acompañamiento 24 horas al día, asistencia jurídica gratuita, formación de profesionales y juzgados especializados y campañas de sensibilización. La ley fue presentada a pocos días de celebrarse el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, fecha marcada en los últimos dos años por multitudinarias marchas y huelgas feministas en España. En respaldo a la movilización este año, el gobierno aprobó una declaración institucional en la que afirma “su firme compromiso de erradicar todas las formas de discriminación que padecen las mujeres, garantizando para ello una apuesta legislativa valiente y firme por alcanzar la plena justicia”.
