El impacto de Katy Perry en la sociedad no solo va a quedar en la industria musical, también llegó al ámbito legal. Por extraño que parezca, la cantante inspiró una propuesta de ley. Todo a raíz de sus batallas legales con propietarios de viviendas de la tercera edad.
Uno de los casos más conocidos fue el que tuvo con monjas por la compra de un antiguo convento en Los Ángeles. El cual logró comprar, pero no sin recibir fuertes críticas, ya que durante una audiencia judicial, una de las monjas se desplomó y murió. Antes de fallecer, la hermana Catherine Rose Holzman dijo lo siguiente: “Katy Perry, por favor, detente”.
Ahora el suceso más reciente involucró a Carl Westcott, un veterano de guerra de 85 años diagnosticado con la enfermedad de Huntington. Quien accedió a vender su propiedad, pero después se arrepintió y presentó una demanda para detener la venta de su casa en Santa Bárbara. Alegando que “carecía de la capacidad mental para comprender la naturaleza y las probables consecuencias del contrato”. Aunque su familia hizo todo lo posible para detener la transacción, en 2023, un juez dictaminó que Westcott estaba en pleno uso de sus facultades mentales y físicas cuando vendió la casa a Katy.
En ambos casos hubo un fuerte rechazo mediático a las acciones de Katy, lo que incitó a una investigación en la que se basan en casos como los de la cantante para impulsar la Ley Katy PERRY o Ley PERRY. Ya que se considera que en casos así, la manera en que los interesados en comprar la propiedad obtienen lo que quieren es con base en “adquisición predatoria, tratos desleales o fraude financiero a personas mayores”.
Por lo que la ley busca proteger a las personas de la tercera edad que se vean involucradas en situaciones similares. Al “establece un período de reflexión de 72 horas durante el cual cualquiera de las partes involucradas en un contrato de transmisión de una vivienda personal, en el que una de las partes sea mayor de 75 años, puede rescindir el acuerdo sin penalización”.
Aunque hubo quienes apoyaron la iniciativa, la Ley PERRY nunca pasó por un proceso legislativo, dejándola solo en una propuesta más. Pero en su momento llegó a juntar firmas de representantes estatales, asambleístas y senadores, la mayoría de Nuevo México y Texas. Otros eran de Arkansas, California, Kansas, Missouri, Montana, Nevada, Nueva York, Dakota del Norte, Oklahoma, Rhode Island y Wyoming.
